P. GONZÁLEZ y G. ORELLANA
La reinterpretación que realizó en 2003 el gobierno de Ricardo Lagos a la Ley Reservada del Cobre (N° 13.196) -que desde 1958 entrega recursos para las compras militares de las Fuerzas Armadas- ha permitido acumular a la fecha cerca de US$ 3 mil millones en ahorros.
Hasta ese año, la norma entregaba el 10% de las exportaciones de Codelco directamente a las instituciones castrenses en tres tercios iguales, con un piso mínimo (ajeno a si la estatal obtenía o no ganancias) que se depositaban en tres "cuentas de reserva" en la Tesorería General de la República, bajo la administración directa del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y sin mayor injerencia del Estado.
La norma también establecía una cuarta cuenta, en la que cada rama podía depositar parte de sus fondos con el fin de utilizarlos para financiar planes conjuntos. Sin embargo, por décadas, ésta recibió recursos mínimos.
En 2003, la entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet, envió un oficio a la Contraloría, la que reinterpretó la ley y autorizó al ministerio a recibir todos los recursos y disponer su distribución entre las Fuerzas Armadas. Desde esa fecha, la desconocida cuarta cuenta se convirtió en la mayor receptora de dineros, alcanzando un monto, en marzo de este año, de aproximadamente US$ 2.924 millones, de acuerdo con los cálculos del analista Eduardo Santos, basado en información pública.
La cifra es enorme, y casi iguala todo lo que, entre 1990 y 2003, se les entregó a las ramas de la defensa por concepto de la ley reservada. En ese período, Codelco traspasó a las FF.AA. poco más de US$ 3.500 millones.
Presupuesto militar
El financiamiento de las FF.AA. se determina principalmente por dos mecanismos; el primero a través de la Ley de Presupuesto (partidas 11 del Ministerio de Defensa y 15 del Ministerio del Trabajo para financiar las pensiones), y luego por la ley reservada, que es una asignación extrapresupuestaria.
Los altos recursos entregados por el cobre han permitido que las FF.AA. reciban -entre 2004 y marzo de 2009- más de US$ 5.700 millones extra para pagar sus deudas y financiar programas.
El año pasado, el Gobierno discutió un plan para reemplazar esta norma, que finalmente fue desechado pese a que desde el retorno a la democracia se ha planteado como un objetivo de la Concertación el eliminarla.
Según Santos, esta ley reservada en la práctica no existe desde 2003, cuando pasó a ser controlada por el Gobierno, y es manejada ya no por Defensa, sino por el Ministerio de Hacienda.
"El año pasado, Hacienda cuadró artificialmente la sobregestión presupuestaria del Estado, reduciendo dramáticamente la utilización de la Ley del Cobre, lo que le permitió ajustar el gasto. En 2008 se debieron gastar al menos US$ 600 millones, como en 2006 y 2007, pero apenas se autorizaron US$ 250 millones", declara.
Para Santos, el acumular tanto dinero tampoco es positivo para Defensa, ya que si bien estos dineros arrojan intereses por 2,5% anuales, los sistemas de armas se encarecen casi 10% por año. "Nadie sabe qué hacer con todo este dinero. Se pensó crear un fondo de emergencia, pero en caso de conflicto todos los mercados se cierran, así que esa medida también sería inútil", dice
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